Este lunes 28 de febrero, el Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González Morales.
Este informe contiene respuestas a las preguntas específicas solicitadas por el Relator Especial, quien ha decidido dedicar su próximo informe para el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a examinar los acontecimientos recientes y los ejemplos que ilustran formas eficaces de prevenir las violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales, tanto en tierra como en el mar, así como también pretende evaluar el impacto en los derechos humanos de las medidas de gestión de fronteras, incluyendo medidas temporales introducidas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, o como parte de un estado de emergencia.
En este informe se da, además, respuesta a las consultas hechas por el Relator y las normativas en el ámbito migratorio entraron en vigor en el último tiempo, como Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, los decretos N° 296 y N° 125 y el Decreto Supremo N° 295.
El documento indica que, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, la política migratoria ha estado enfocada en la seguridad nacional y el control migratorio. Desde ahí se detallan las consecuencias que han generado las medidas tomadas por el gobierno amparado en las normativas antes señaladas.
Uno de los aspectos que destaca el informe es la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan fronteras, a veces no acompañados, sin que las medidas adoptadas sean acordes al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, ni se respete la Convención de los Derechos del Niño. “Asimismo es preocupante la situación de mujeres migrantes embarazadas, puérperas o madres que han sufrido violencia obstétrica, negación de atención médica y que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. En el mismo sentido, también preocupa la situación de las personas migrantes mayores”, se lee.
«»El objetivo del informe era presentar evidencia sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno que han impactado gravemente en los derechos de las personas migrantes, en particular la promulgación de la nueva ley de migraciones y su reglamento, las restricciones en los desplazamientos, la militarización de las fronteras y las devoluciones en caliente o “reconducciones”, las que contravienen los estándares internacionales y recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas», señala Mabel Cobos, consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano.
A esto agregó Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante: “El informe retrata la falta de atención del fenómeno migratorio en el marco del COVID-19 y del aumento del flujo de ciudadanos venezolanos, además de la inacción por parte del gobierno y la utilización política de la migración, con lo cual los Derechos Humanos están en total regresión en el país”.
Finalmente, se solicita que la información entregada en el informe contribuya “a generar recomendaciones y medidas en el ámbito migratorio acorde al enfoque de derechos humanos y que éstas sean recogidas por el nuevo gobierno que asume próximamente”.
“Confiamos en que el proceso constituyente en curso en el país, asegure y promueva los derechos de las personas migrantes a nivel constitucional. De otro modo, las constantes vulneraciones a los derechos de quienes migran a Chile, continuarán”, cierra el informe.
El informe lo puedes revisar a continuación:
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